En una reciente sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el pasado miércoles 24 de abril, se aprobó una reforma a la Ley de Amparo que ha desatado preocupación y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad mexicana. En particular, la iniciativa de reforma reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Mexicana ha generado fuertes reacciones, siendo una de las más destacadas la de Coparmex Jalisco.
Desde Coparmex Jalisco, se considera que esta reforma debilita el sistema de justicia mexicano y el estado de derecho, al tiempo que limita las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos para protegerse ante actos de autoridad u omisiones por parte de los poderes públicos.
La propuesta de modificación a la ley afecta dos aspectos fundamentales del sistema jurídico mexicano. En primer lugar, elimina la posibilidad de suspender el acto reclamado, lo que significa que no habrá poder alguno que detenga los actos de la autoridad. Esto pone en riesgo la protección de los ciudadanos frente a posibles abusos o excesos por parte de las autoridades.
Además, la reforma destruye los efectos generales que el juicio de amparo brinda para la protección de la colectividad cuando se vulneran derechos colectivos o sociales. Esta medida, según Coparmex Jalisco, convertiría el acceso a la justicia en un derecho exclusivo de unos pocos, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este contexto, Coparmex Jalisco ha expresado su total reprobación hacia la iniciativa aprobada por el Legislativo Federal, argumentando que limita la eficacia de las resoluciones judiciales y el principio de relatividad aplicable a la suspensión. Consideran que esta reforma no solo es inconstitucional, sino que representa un claro retroceso en cuanto a las garantías de los derechos humanos, por encima de cualquier consideración política.
El forjador jalisco 
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